El amparo de legalidad a la luz de la jurisprudencia de la Sala Constitucional

Resumen

Resumen: La Sala Constitucional de Costa Rica, haciendo uso de su facultad interpretativa sobre la Constitución Política, así como de su ley creadora, a través de su jurisprudencia, creó el amparo de legalidad, que es conocido por la jurisdicción contencioso administrativa, mediante el cual se muestran ciertas materias que dicha Sala venía resolviendo desde su creación en 1989. Específicamente, renunció a seguir conociendo los casos referentes al Derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, con ocasión de una relación de empleo público, que regula el artículo 41 constitucional. Luego, en el año 2017, ante una reforma procesal al Código de Trabajo, adoptó una posición similar y trasladó a la jurisdicción laboral el conocimiento de los casos referidos a la violación del derecho de defensa y debido proceso de los servidores públicos. En ambos casos, está renunciando a una parte de su competencia, lo que ha justificado en la presunta celeridad y efectivad de dichas jurisdicciones; situación que no logra demostrar que se esté dando.

Abstract: The Constitutional Chamber of Costa Rica, making use of its interpretative power over the Political Constitution, as well as its creative law, and through its jurisprudence, created the well-known protection of legality. It is known by the contentious-administrative jurisdiction, through which certain matters that said chamber had been resolving since its creation in 1989 are known. Specifically, it renounced to continue knowing the cases referring to the right to a prompt and fulfilled administrative procedure, on the occasion of a public employment relationship, which Constitutional Article 41 regulates. Later, in 2017, before a substantial reform of the Labor Code, it adopted a similar position and transferred to the labor jurisdiction the knowledge of the cases referring to the violation of the right to defense and due process of public servants. In both cases, it is renouncing part of its jurisdiction and has justified them in the presumed speed and effectiveness of said jurisdictions, which it cannot prove.