Replantear la política criminal costarricense: del castigo a la prevención estratégica mediante inteligencia institucional

Un estudio jurídico-institucional desde el principio de lesividad y evidencia cualitativa

Resumen

Este artículo analiza la necesidad de replantear la política criminal costarricense, transitando de un enfoque predominantemente punitivo hacia un modelo de prevención estratégica sustentado en inteligencia institucional y en el principio de lesividad. Metodológicamente, el estudio adopta un enfoque jurídico–dogmático, complementado con criterios cualitativos derivados de la experiencia del autor dentro de estructuras de persecución penal. Se realiza, además, una revisión normativa y jurisprudencial sobre los límites constitucionales al uso del poder punitivo y a la actividad de inteligencia, así como una referencia a estándares internacionales de organismos multilaterales. La revisión jurídico- institucional pone de manifiesto vacíos normativos, un desequilibrio persistente entre medidas preventivas y represivas, así como la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para neutralizar los factores logísticos y financieros que sostienen al crimen organizado. El artículo propone una ruta integral basada en inteligencia estratégica regulada, trazabilidad financiera y mecanismos de sustitución socioeconómica, como pilares de una política criminal moderna, proporcionada y respetuosa de los derechos fundamentales.

Abstract.
This article examines the need to reform Costa Rica’s criminal policy, shifting from a predominantly punitive framework toward a model of strategic prevention, grounded in institutional intelligence and the principle of lesivity. Methodologically, it employs a doctrinal legal  approach  complemented  by  qualitative insights derived from the author’s professional experience within the country’s criminal enforcement structures. The study includes a review of national legislation and constitutional case law, as well as international standards issued by multilateral organizations. Findings reveal normative gaps, an imbalance between preventive and repressive measures, and the need to strengthen institutional capacities to neutralize the logistical and financial structures that sustain organized crime. The article proposes an integrated strategy based on regulated strategic intelligence, financial traceability, and socioeconomic substitution mechanisms as essential pillars of a modern, proportionate, and rights-respecting criminal policy